
Desde el PCA entendemos que el Gobierno andaluz y en
concreto la Consejería de Fomento y Vivienda, dirigida por nuestra
camarada Elena Cortés, ha optado en un momento de conflictividad social
por ponerse de lado de los más afectados por esta crisis y lo hace con
un Decreto-Ley que rompe con el discurso único neoliberal de la Troika.
Hay que reseñar además que este Decreto-Ley es una loa a
la democracia que la institución andaluza, como garante de los derechos
de los más débiles y frente a la codicia insaciable de los bancos, ha
puesto en marcha como una importante medida política que antepone la
democracia a las excluyentes lógicas del mercado. Hace respetar el
derecho a la vivienda como un derecho humano irrenunciable y obligando
así a las instituciones públicas a protegerlo de forma efectiva.
Andalucía ha situado el camino. Ha trazado con puño
firme una cuestión fundamental para este Partido: el pueblo trabajador
andaluz no va a pagar la crisis que han ocasionado los poderosos. Pero
lo más importante es que ha abierto un debate necesario sobre la
propiedad privada ya que se contempla la expropiación de aquellas
viviendas que hayan sido, o vayan a ser, objeto de ejecución hipotecaria
y supongan un riesgo de exclusión social para sus habitantes.
Para el PCA esta cuestión no es baladí y estamos
convencidos y convencidas de que supondrá un paso muy importante para
poder declarar a Andalucía como pueblo insumiso a los desahucios.
Entendemos que esta medida
está hoy aquí gracias a la participación de IU en el Gobierno andaluz,
garante de políticas al servicio de la mayoría social, por lo que
debemos entender que somos, en buena medida, más necesarios que nunca.
Por tanto, los y las comunistas aplaudimos esta acción del Gobierno que
viene a demostrar con hechos lo que Izquierda Unida pretende ser: la voz
de la calle y los movimientos sociales en las instituciones.
Mención aparte merece la
movilización y la organización popular del pueblo andaluz, especialmente
a través de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), quienes
han impulsado y dado aliento a IU para que este decreto sea hoy una
realidad.
Sin movilización popular y
sin acumulación de fuerzas no habrá salida y por tanto, hoy más que
nunca, necesitamos de los movimientos sociales para que juntos
continuemos con la movilización y reivindicación contando con IU como
soporte a este tipo de luchas en las instituciones.
Ahora toca enfrentarse a
quienes ya han mostrado su posición en contra de este Decreto-Ley.
Coinciden en gran medida con quienes han provocado esta crisis y, pese a
ello, siguen lucrándose a costa del sufrimiento del pueblo trabajador.
Convencidos de que la justicia social debe estar por encima de la
avaricia del banquero, de la troika y de sus altavoces, seguiremos
defendiendo la acción de la Junta de Andalucía que vaya hacia el
beneficio de la mayoría.
Asimismo el Partido
Comunista de Andalucía se suma a la petición que ya ha realizado la
Juventud Comunista de Andalucía y el propio grupo parlamentario de IU a
través de su portavoz, animando a nuestros representantes
institucionales a que unifiquen sus agendas con los movimientos
sociales, consiguiendo así el objetivo de Izquierda Unida de ser el
brazo de lucha institucional de este gran bloque social contra las
políticas de recortes, que poco a poco, está constituyéndose.
José Manuel Mariscal Cifuentes. Secretario General del Partido Comunista de Andalucía
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