El parlamentario de Izquierda Unida por Jaén Juan Serrano, ha defendido y apoyado en el Pleno del Parlamento de Andalucía, la propuesta de interposición de recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local.
Estamos ante una Ley que pretende acabar de un plumazo con las ilusiones de un municipalismo basado en la simplificación, transparencia y modernización de los municipios. Que Ignora las competencias autonómicas sobre régimen local definidos en el Estatuto de Andalucía y desprecia a los Ayuntamientos como parte del Estado en pie de igualdad con las demás.
Una ley de Racionalización afectará de manera fundamental a la cohesión económica, social y territorial, y especialmente romperá el principio CONSTITUCIONAL de igualdad de derechos y deberes de toda la ciudadanía del Estado.
Vulnerando la Constitución Española que protege la existencia de municipios y provincias, garantizando su autotomía al concederle las competencias propias y necesarias para prestar los servicios a los ciudadanos residentes en los municipios.
Estamos justo ante todo lo contrario un Ley cuando se van a reducir las competencias municipales, relegando a los municipios menores de 20.000 habitantes a ser menores gestores administrativos y eliminándole el espacio de decisión y de la política democrática.
Es un ataque frontal contra la democracia y el mundo rural.Con esta ley se están discriminados al mundo rural puesto que crean ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda, y ello va a general el traslado o el éxodo de los habitantes del mundo rural a las grandes ciudades.
Es la sinrazón del Partido Popular frente a toda la posición contraria del mundo local.
Es la vuelta al pasado más oscuro, supone la demolición del modelo de gestión pública que se inició en el estado español con los Ayuntamientos democráticos en 1979, y que ha supuesto un avance en el desarrollo del estado de bienestar desde el impulso dado en el ámbito municipal.
Se reducen, drásticamente las competencias municipales en materia de servicios sociales.
Se suprime la competencia en materia de defensa de losconsumidores y usuarios.
En materia cultural se suprime la competencia en materia dearchivos, bibliotecas y museos
Esta ley supone el mayor ataque a los ayuntamientos democráticos en la corta experiencia histórica de los mismos.
Se elimina el poder de lo más cercano, alejando a la ciudadanía de la gestión de lo público, y fortalece la deriva autoritaria, en un momento en el que la ciudadanía exige más participación, más democracia y más transparencia.
Privatizara los servicios públicos municipales provocando la pérdida de empleo, de servicios y su calidad junto a la pérdida también del ejercicio efectivo de derechos sociales.
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