El secretario general del Partido Comunista de Andalucía, José Manuel Mariscal ha asegurado que la admisión a trámite del Proyecto de Ley de Memoria Democrática por el Parlamento es una “fiesta democrática” en Andalucía y se ha congratulado de que el PSOE-A haya presentado el mismo texto que elaboró IU durante su etapa al frente de la política de memoria al mismo tiempo que le ha pedido que “no se amilane” en el trámite de enmiendas ante los “ataques de la derecha” que este texto va a sufrir.
Mariscal ha asegurado que el PCA e IU estarán muy vigilante al trámite parlamentario para que no haya “rebajas” en el espíritu que ha impregnado la elaboración de esta Ley.
El secretario general del PCA ha asistido al Parlamento para seguir el debate acompañado del que fuera consejero responsable de esta Ley en la anterior legislatura, Diego Valderas y de la portavoz de IU en el Parlamento Europeo, Marina Albiol que ha dicho que, desde el Parlamento europeo también se está trabajando por la recuperación de la memoria histórica “porque entendemos que no se puede construir la Europa del futuro y de las libertades si continuamos con el olvido”.
La Ley ha entrado a trámite en el Parlamento sin emientas a la totalidad en contra y ha sido remitido a la Comisión de Cultura y finalmente debe ser aprobado de nuevo por el Pleno de la Cámara.
Durante el debate, la portavoz de IU encargada de defender la Ley, Inmaculada Nieto ha manifestado que “queremos una tramitación de este proyecto de ley sin sorpresas, sin enmiendas parciales que frustren las expectativas de las asociaciones memorialistas que sienten el texto como suyo porque responde a sus demandas y a su trabajo en el mismo”.
Así ha calificado la Ley como “necesaria para restablecer y dar veracidad al hilo conductor de nuestra historia” y para “corregir el déficit democrático en que estamos inmersos como país y como sociedad”.
En este sentido, Nieto ha defendido que “necesitamos hablar de lo sucedido y afrontarlo, darlo a conocer con rigor histórico y reconocernos todos y todas como herederos del periodo democrático inmediatamente anterior al actual”. Además, reforzó el apoyo de IU a la tramitación de la Ley con el informe de Naciones Unidas que sitúa la necesidad de que el Estado español asuma un papel activo en el esclarecimiento de los crímenes del franquismo, en consonancia con la normativa internacional.
Por último ha situado que este informe señala que “el estado español no puede escudarse en los principios de prescripción y extinción de la responsabilidad penal mediante la Ley de Amnistía de 1977, para no extraditar o juzgar a los responsables de violaciones graves de los derechos humanos. La tortura, las ejecuciones sumarias o las desapariciones forzadas pueden constituir crímenes de lesa humanidad, que son imprescriptibles. Es decir, que no vence la obligación del Estado de investigar y sancionar a los responsables”.
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